Ampliación de la Unión Europea, pespectivas generales

PONENTE: D. Pablo García Berdoy, director general de Política Exterior para Europa.

Pablo García Berdoy, director general de Política Exterior para Europa.

Buenos días. Estoy aquí como Director General de Política Exterior y como antiguo asesor y responsable de asuntos comunitarios de la Secretaría de Estado.

Vengo aquí, y agradezco a los anfitriones la invitación, a apoyar una reunión o seminario que desde el punto de vista de nuestro ministerio y del Gobierno de la Nación nos parece enormemente útil puesto que si hay algo que hace falta en este proceso acelerado de acercamiento entre la Europa que va a entrar y la que ya esta dentro, es que la sociedad civil y en particular el sector empresarial, se impliquen de forma decidida ya que en esto nos jugamos, no solo el futuro de la operación desde el punto de vista político, sino el valor y el crédito económico de la misma.

Yo quiero hablarles, de la forma más breve y esquemática posible, de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer en las próximas semanas, meses, para que esta ampliación sea una realidad y sea una realidad que funcione.

Como ustedes saben, el reconocimiento de los derechos en los estados europeos a ingresar en la Unión esta ampliamente recogido en el Tratado de la Unión Europea, tanto en su preámbulo, como en sus artículos 6 y 49 del TUE. España desde un principio fue partidaria decidida de la ampliación de la Unión Europea a los países que denominamos Pecos; es decir, a los actuales candidatos y a los países del Mediterráneo, incluyendo entre estos obviamente a Chipre, Malta y a Turquía.

Este apoyo español, que alguno de nuestros socios actuales pusieron en un primer momento en duda por razones que a ustedes no se les escapan, fue fruto de la voluntad consciente de una clase política que comprendían, no solo la necesidad de la reunificación política del continente, sino que también respondían al amplio consenso social en relación con la ampliación.

En efecto, el apoyo institucional de España a la ampliación se sustenta no solo en la opinión favorable de las fuerzas políticas, sino en una opinión pública cuyo respaldo, desde el comienzo de las negociaciones, es según los sondeos de opinión el más elevado entre los estados miembros. Siempre en todos los eurobarómetros ha figurado entre los 4 primeros países; es decir, los 4 primeros grupos de ciudadanos que defienden la ampliación y en este momento, de acuerdo con el último sondeo de octubre pasado, estamos solo detrás de Grecia que tiene, evidentemente, un comportamiento comprensiblemente distinto al tener en cuenta el caso de Chipre. De acuerdo con estas estadísticas el 64% de los españoles es firmemente partidario de la ampliación, un 14% se manifiesta contrario (el porcentaje mas bajo de todos los miembros de la Unión Europea) y más de un 40% responden afirmativamente a la pregunta de si es usted partidario de la Unión Europea, aunque ello suponga la pérdida por parte de España de alguna ayuda estructural; es decir, estamos hablando de un porcentaje significativamente mayor que otros países con menor índice de cohesión como Francia y Alemania.

Yo creo, que el proceso de intenciones de estos resultados estadísticos es muy variado y a mí no me gustaría perder el tiempo en ello, sino simplemente creo que los españoles percibimos la justicia política que se realiza con la ampliación de la Unión Europea y acompañada de ella, las posibilidades y las oportunidades que se le abren a Europa en su conjunto como proyecto de integración con un peso especifico en el escenario global.

Partiendo de esa base, la posición española en las negociaciones y la preparación de la ampliación, fue obviamente sumamente activa.

Voy a empezar mencionando el Consejo Superior de Luxemburgo de diciembre de 1977 en el que los 15 decidieron el inicio de las negociaciones solamente con los 6 candidatos mejor preparados, rompiendo en cierta medida lo que era la tesis española entonces, que era defender el modelo regata; es decir, no establecer criterios apriorísticos sino permitir que cada uno de los candidatos mejorara sus condiciones de acceso, su capacidad de negociación en función de su propia preparación objetiva.

España aprobó ese consenso, que fue curiosamente corregido en la dirección que nosotros pretendíamos desde un principio en Helsinki. En diciembre del 99 cuando ya se recogió a todos los candidatos para iniciar las negociaciones de adhesión, es decir, se incluyeron no solo aquellos primeros Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia, Republica Checa, sino también a la segunda hornada, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Rumania, con el fin de que todos tuvieran la oportunidad de diferenciarse en función de sus propios méritos.

En Helsinki también se adoptó la decisión de reconocer a Turquía el status de país candidato a la plena integración en las mismas condiciones que el resto de aspirantes. Sin embargo, también se reconoció obviamente el carácter subgenericista candidatura, recordando que las negociaciones no podían comenzar hasta que Turquía acreditara el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. De Niza a Laeken, es decir, en la siguiente etapa de este proceso de negociación de la ampliación, podemos destacar varias etapas intermedias. La primera es la establecida por el propio Consejo Europeo de Niza en diciembre del 2000, les recuerdo que estamos hablando de un proceso que empieza a ultimarse de forma definitiva en diciembre del 97 y 3 años después, en Niza, el Consejo Europeo toma 2 decisiones fundamentales: por un lado profundiza en el proceso de integración al concluir la conferencia intergubermental sobre la reforma institucional, lo que supuso el cumplimiento de la condición que la propia Unión Europea se había impuesto en 1997 en Luxemburgo, es decir, la reforma de las instituciones que permitiera el ingreso de nuevos miembros. Del otro lado, la ampliación se vino a reiterar como un proceso irreversible de trascendencia histórica al que se le dotaba de toda la primacía política. En ese sentido, el Consejo suscribió la estrategia propuesta por la comisión y endosó, lo que llaman en terminología comunitaria, el Road Map; es decir, el mapa de carreteras para los 18 meses siguientes en cuanto a la negociación. España intervino de forma activa en varios puntos de la negociación previa en cuanto a estado miembro firmemente convencido de las bondades y de la necesidad de llevar a cabo el proceso de ampliación durante la presidencia española, en el segundo semestre del pasado año.

La ampliación fue, sin duda alguna, una de las prioridades fundamentales de la presidencia española cifradas éstas en 6 prioridades fundamentales sobre la base del Acervo que hoy conocemos y de las perspectivas financieras que se fijaron en su momento en la negociación de Berlín. España se empeñó en contribuir de forma decisiva a llevar a buen puerto el mandato ya expresado en Laeken, según el cual las negociaciones con todos los candidatos que estén preparados, deberían concluir a finales del 2002; es decir, correspondía a la presidencia española el grueso de los paquetes finales de la negociación.

Como muestra de este compromiso, el presidente del Gobierno realizó, durante la presidencia, una gira a todos los países candidatos, incluida Turquía, previa al inicio de la presidencia. El Ministro de Asuntos Exteriores ya había visitado dichos países con anterioridad. Hay que decir que durante el semestre de la presidencia española tuvieron lugar importantes citas electorales en países muy importantes como Francia, sus elecciones generales, presidenciales también, en Alemania elecciones generales un poco más tarde, elecciones en los países bajos, en Suecia y en Portugal. Se abordaba por tanto un reto muy difícil en el que se asumía el riesgo de que no pudieran cumplirse los objetivos establecidos en el programa de la presidencia española. Pese a todo, y sin ánimo de sonar a triunfalista, España pudo cumplir, durante su presidencia, las expectativas puesto que se aseguró el ritmo previsto de las negociaciones que pudieron entrar en su recta final tal como fue reconocido en las conclusiones del Consejo Superior de Sevilla por los propios candidatos.

Fundamentalmente se cumplió lo que antes he llamado el road map, salvo la cuestión relativa a los pagos directos en el capítulo agrícola que luego veremos. Así, se pudo convenir un calendario que permitiera (y así ha ocurrido en el Consejo Europeo de reciente celebración en Bruselas) poder llegar a tiempo útil para un acuerdo. En este sentido, se avanzaron en todos aquellos capítulos de carácter técnico pendientes de cierre en las presidencias anteriores, se lograron posiciones comunes sobre todos los capítulos previstos para el semestre en agricultura, política regional, disposiciones financieras y presupuestarias, todos ellos con importantes implicaciones financieras y por tanto de enorme dificultad, así como el capítulo institucional de especial significado político.

El paquete financiero debía resolverse en otoño de forma que, conforme a las conclusiones de Sevilla, el Consejo comunique a los países candidatos, los primeros días de noviembre, todos los elementos que entonces faltaban en cuanto a este paquete financiero. También se abrieron los 2 capítulos pendientes con Bulgaria y los 9 adicionales con Rumania. El Consejo Europeo de Sevilla reconoció los progresos realizados y se animaron a proseguir los esfuerzos de negociación confirmando su intención de seguir apoyándoles firmemente en su preparación para la adhesión.

En resumen, los seis meses de la presidencia española se negociaron un total de 96 capítulos de los cuales 52 se cerraron provisionalmente y 22 se abrieron por primera vez. Junto a este proceso y como consecuencia de él, se creó, durante la presidencia española, el Comité de Redacción del Tratado de Adhesión, que se constituyó formalmente el 13 de marzo pasado; es decir, ya a partir de esa fecha había formalmente un comité encargado de redactar los textos de los Tratados de Adhesión a la Unión Europea.

Evidentemente durante la presidencia española tuvo especial protagonismo el caso chipriota, cuya evolución reciente no hace pensar con optimismo, y también la aproximación de Turquía a la Unión Europea.

Creo que el trabajo realizado en estos 5 últimos años, el período 1997 a 2002, puede resumirse por parte de todos como un trabajo muy bien hecho, de una enorme dificultad técnica, en el que el papel de la Comisión Europea ha sido fundamental.

Un hito que me gustaría destacar en esta evolución reciente es el que tuvo lugar en el Consejo Europeo de Bruselas celebrado los pasados días 24 y 25 de octubre. Por un lado volvió a reiterar su firme adhesión al calendario previsto, esto que les digo puede sonar a reiterativo y puede sonar a un lenguaje político sin contenido, pero tengo que decirles que en esas fechas, es decir, en el segundo semestre del 2002, existían presiones reales acerca de la posibilidad de demorar el proceso de ampliación con todas las consecuencias que ello suponía, tanto desde el punto de vista de la situación de la Unión Europea de los 15, como sobre todo de la percepción de los candidatos en cuanto a sus opiniones publicas.

Del paquete financiero, el Consejo Europeo de Bruselas acordó la entrada progresiva de los pagos agrícolas directos para los candidatos, empezando por el 25% el primer año, pero en un marco de estabilidad financiera que supone para el periodo 2007-2013 congelar el gasto total agrícola anual al nivel de la Unión Europea a 25 en 2006 con una corrección del 1%, una corrección al alza obviamente; es decir, estamos hablando de una ampliación que desde el punto de vista presupuestario, no solo en cuanto al paquete estructural, sino al importantísimo paquete agrícola que se enmarca dentro de unos criterios de profunda austeridad.

En cuanto a los créditos de compromiso globales para los fondos estructurales y de cohesión, deberían equivaler a 23.000 millones de euros, en el período 2004-2006 repartidos entre los nuevos estados miembros.

Por último, se aprobó una compensación presupuestaria de carácter regresivo para dicho periodo, 2004-2006, para aquellos nuevos estados miembros que vean empeorar su situación financiera respecto a la que tenían en el año 2003. Pero se trataba sin duda de un buen acuerdo, en la medida que se salvaguardaba, aunque con una cobertura financiera obviamente más limitada, la política agraria común como política de integración fundamental de la Unión Europea, y al mismo tiempo, se trataba a los candidatos en pie de igualdad con el resto de los estados miembros considerando el pago de ayudas directas.

Quiero decir aquí y esto quiero subrayarlo especialmente, que España en el ejercicio de la ampliación, ha hecho ante todo, un ejercicio de coherencia. España ha aplicado de cara al ingreso de nuevos candidatos sus posiciones políticas tal como ella misma, como estado miembro, ha defendido desde su pertenencia en el año 1986.

Nosotros, cuando hablamos con nuestros socios y sobre todo con nuestros futuros socios, insistimos en 2 puntos que creo son fundamentales. En primer lugar el acervo en materia de cohesión económica y social, es un acervo que en gran medida se debe a la insistencia y a la presencia de lo que hemos venido a calificar de ampliación ibérica, es decir, la ampliación de España y Portugal en las estructuras comunitarias. Merced de esa insistencia y de esta presencia y de ese impulso político, la Comunidad Europea se ha dotado de instrumentos que no conocía cuando nosotros ingresamos entonces en el año 1986 y que los nuevos candidatos van a tener a su disposición. Creo que esto es muy importante subrayarlo porque al mismo tiempo, en un ejercicio de coherencia, nosotros hemos pedido a los socios que la cuota de responsabilidad y de solidaridad financiera se reparta equitativamente para financiar esa misma solidaridad con los nuevos miembros.

Creo, que en política exterior y en particular en política europea, la coherencia es un valor en sí mismo y hace que la credibilidad de las posiciones cuando defendemos intereses nacionales muy legítimos sean mucho mayores.

El segundo referéndum irlandés, que ustedes recordarán, y el paquete financiero acordado en el Consejo Europeo de Bruselas, contribuyeron a despejar en buena medida las incertidumbres que todavía planeaban sobre el proceso de ampliación. Aún así, las dificultades de última hora con alguno de los candidatos, fundamentalmente con Polonia, que planteó nuevas demandas en materia de recursos financieros y cuotas agrícolas y Malta que insistió en tener un largo periodo transitorio para un tipo 0 de IVA en alimentos y medicamentos y algunos otros estados miembros, Portugal con la agricultura y Austria con el tránsito alpino y seguridad nuclear, complicaron la tarea de lograr el compromiso final. La cuestión de Chipre, planeó también sobre la cumbre de Copenhague y aunque no se alcanzó un acuerdo solución, ambas comunidades se comprometieron a proseguir, como estamos viendo por estas fechas, la negociación sobre las bases de las últimas propuestas del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. En este contexto, España apoyó en todo momento los esfuerzos de la presidencia danesa, aceptando el mayor esfuerzo financiero solicitado siempre dentro los techos fijados en Berlín y promoviendo soluciones en el ámbito agrícola que fuesen al encuentro de las inquietudes de los candidatos. España se mostró también especialmente sensible con los esfuerzos y progresos realizados tanto por Bulgaria y Rumania como por Turquía y abogó por completar, tanto como fuera posible, las perspectivas temporales para la adhesión.

Hay que decir que el Consejo Europeo de Copenhague ha supuesto un hito histórico sin precedentes al ratificar la conclusión de las negociaciones de adhesión con los 10 países candidatos de Laeken; es decir, aquellos que estaban en la primera y segunda ola, con la excepción de Bulgaria y Rumania que pasarán a formar parte de la Unión el primero de mayo de 2004 según lo previsto.

De las conclusiones de la presidencia, quiero destacar algunas las consecuencias financieras de la ampliación que, evidentemente, lo que hacen es coger una cifra ligeramente superior en cuento a créditos de compromiso para el período del 2004 al 2006. Es decir, para finalizar la perspectiva plurianual fijada en Berlín, fijado esto en 40.800 millones de euros, 408 millones más que antes de comenzar el Consejo. Todos los esfuerzos a partir de Copenhague se dirigen a finalizar la redacción del Tratado de adhesión con vistas, y esto es muy importante, a la firma de Atenas del 16 de abril del presente año. Los nuevos estados miembros participaran en las elecciones al Parlamento Europeo 2004, la actual comisión a partir de la adhesión y la nueva que asumirá su mandato el primero de noviembre de ese mismo año. Por ultimo, los nuevos socios participarán plenamente en la próxima conferencia intergubermental y el nuevo Tratado se firmara tras la adhesión.

En cuanto a Bulgaria y Rumania, la UE se felicita por los importantes progresos realizados por ambos países como parte del mismo proceso de ampliación, es decir, siguiendo la perspectiva de regata, contemplamos que es un proceso inclusivo reversible. El objetivo es que tanto Bulgaria como Rumania, puedan ser miembros de pleno derecho en el 2007. Para ello se mantendrá el ritmo de las negociaciones y se prevé un aumento bastante significativo de las ayudas de pre-adhesión. La UE recoge muy positivamente las importantes medidas adoptadas por Turquía en relación con el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague y alienta a seguir su proceso de reformas. Si el Consejo Europeo de diciembre del 2004, se pospone la decisión por decirlo así, tipo general, o de puesta en marcha de las negociaciones de 2004 decide que Turquía cumple los criterios políticos (y esperamos que esto ocurra) la Unión iniciará las negociaciones de adhesión sin mayor dilación. La UE reforzará su estrategia para la adhesión de Turquía, incluido un incremento significativo de su asistencia financiera. Nos encontramos con un plan marcado muy a corto plazo en el que están recogidas las señas de identidad de una ampliación que es inminente.

Ustedes, en estos días tratan de cómo aprovechar la oportunidad que se abre con la ampliación desde el punto de vista empresarial, y cómo aproximar la perspectiva de una nueva condición de socio en un mercado interior, en un mercado único, en unas políticas comunes que sin duda se abren tanto al empresariado de los nuevos candidatos, como indudablemente al empresario español. Tengo que contarles las acciones que hemos realizado desde el punto de vista de la administración muy resumidamente.

Por un lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, elaboró un plan marco para los países candidatos a la Unión Europea 2001-2003 de carácter global para favorecer así la implantación española en los países candidatos. En el plan, también se propone exponer a la sociedad española las dimensiones de esta próxima ampliación y fomentar el mejor aprovechamiento de sus oportunidades por parte de los agentes económicos, culturales y sociales.

El Plan marco de la ampliación es el resultado de un ejercicio de coordinación promovido por la Secretaría de Estado y asuntos europeos, donde se encuadra la dirección general de Europa en el que participaron todos los departamentos ministeriales del Gobierno. Fue presentado por el señor ministro de Asuntos Exteriores ante el Consejo de Asuntos Exteriores en noviembre del 2001 y ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los diputados en abril del 2002 por el secretario de Estado de Asuntos Europeos. A partir de ese momento, fue editado y distribuido ampliamente a los ministerios, al Congreso, al Senado, a las Comunidades Autónomas, embajadas, universidades, medios de comunicación etc.

El citado plan marco incluye a través de 4 capítulos los siguientes aspectos de la ampliación: en primer lugar la descripción de los efectos generales de la ampliación, su significación política, económica, histórica, demográfica y geográfica de la actual y quinta ampliación que supondrá la incorporación de 106 millones de habitantes, más de un millón de kilómetros cuadrados, es decir, un tercio de la población y superficie de la Unión, todo ello sin contar a Turquía y un crecimiento del 10% del PIB de la Unión Europea. La segunda parte del plan, es un examen de los objetivos de todo tipo, diplomáticos, comerciales, de seguridad, policiales, judiciales, científicos, agrícolas y pesqueros, culturales y educativos que España deberá desplegar para superar el indudable retraso de las relaciones de nuestro país en relación con los futuros miembros, con muchos de los cuales solo establecimos relaciones diplomáticas plenas en 1977. Este es un dato que no hay que olvidar, la relación de carácter permanente al máximo nivel con estos nuevos miembros tiene en muchos casos, apenas poco más de 25 años. En 4 de ellas, Malta, Estonia, Letonia y Lituania no tenemos aún embajadas, siendo urgente abrirlas antes de que se contemple su proceso de integración, y la embajada en Chipre se inauguró en el año 2001. Sé, y eso me consta, que estas 4 embajadas van a ser, y así se ha acordado con el ministerio de Hacienda, abiertas próximamente.

En tercer lugar, este plan analiza los instrumentos de toda índole que posibilite la consecución de los objetivos que se han marcado. Tales instrumentos serían si duda la intensificación de viajes oficiales, el reforzamiento de las misiones diplomáticas, el incremento del marco institucional y, en particular, el convencional, impulsar los mecanismos comerciales y las políticas de pre-adhesión aumentado también el número de centros y aulas Cervantes etc. Respecto a los viajes oficiales ya he mencionado que el ministro, entonces de Asuntos exteriores, el señor Piqué, visitó todos los países candidatos excepto Chipre y Malta y el Presidente del Gobierno hizo una gira por todos los candidatos sin excepción. Sus Majestades los Reyes, han visitado recientemente Polonia, Eslovenia y Eslovaquia y está previsto que también visiten Bulgaria y Rumania en el presente año.

Las conclusiones del informe del plan son, que a pesar del apuntado retraso que España lleva acumulado respecto a los restantes socios de la Unión Europea, muchos de los cuales además se encuentran más próximos de los candidatos geográfica e históricamente, nuestro país presenta ventajas. Una complementariedad económica y cultural, una diversificación de relaciones que evitan el monopolio al que se someterían sus inmediatos vecinos, la posibilidad de proyección hacia las regiones del Atlántico sur y mediterránea, un modelo político de integración europea que nos debe permitir obtener acercamientos suplementarios entre España y los nuevos socios.

Nos consta, a mí personalmente en mi experiencia en esos países, que hay un interés por diversificar las relaciones diplomáticas, políticas y económicas en ellos y que España es una zona en la que, además por nuestra especial vinculación con América Latina y con el mundo mediterráneo, presenta enormes ventajas comparativas. Este plan va a tener un seguimiento en forma de evaluación y seguimiento por parte de las embajadas mediante informes semestrales, reuniones en una comisión de seguimiento interministerial y una sesión anual de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los diputados.

Hace escasas fechas tuvo lugar una reunión de embajadores de España acreditados de los estados miembros de la Unión y de los países candidatos con objeto también de realizar una evaluación de la situación y programar actividades de cara al próximo futuro. Paralelamente al plan diseñado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo ofreció su apoyo y ejerció su liderazgo en forma de un plan de actuación conocido como Plan de Ampliación que se presentó en mayo de 1999 y que ha sido recientemente actualizado.

El plan diseñado para los 10 países de Europa central y oriental, candidatos a la Unión Europea, se concretan en actuaciones por países, lo que llamamos planes-países, a ejecutar en el orden de prioridades que determina su situación en el proceso de adhesión y negociación, así como el tamaño y nivel de desarrollo. La primera prioridad, incluyó Polonia, Hungría y la República Checa y posteriormente, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania y Eslovenia. En tercer lugar a los Bálticos. No caben planteamientos defensivos de acuerdo con este plan y proteccionistas desde nuestra posición competitiva, ni en el mercado europeo, ni en el nacional. El plan adopta por tanto un planteamiento netamente ofensivo, tratando de mejorar la presencia española en estos mercados, intenta ayudar a las empresas a ganar cuota de mercado, según el plan de comercio, o el volumen exportado, superando las posibles pérdidas que puedan surgir en los otros mercados europeos. Su actuación descansa básicamente en 4 líneas, por un lado supresión de barreras y obstáculos de acceso al mercado, por otro el fomento de exportaciones e inversiones, plan de información y comunicación y acciones complementarias. Según me indican, el plan está teniendo eco entre empresas y se ha traducido en un incremento de la demanda de información y actividades de promoción, como por ejemplo la participación de España en la feria de bienes industriales en Polonia, una de las principales actuaciones promociónales del ICEX en el año 2000.

En cuanto a la inversión, las empresas españolas están rezagadas respecto otros países europeos y aunque ha habido recientemente un aumento de interés, es de destacar el retraso quizá por la concentración (en Latinoamérica) que ha tenido lugar en los últimos años.

Creo que este resumen, tanto del proceso político de negociación, como de las modestas actuaciones que se han venido realizando, pero que indudablemente tienen como objetivo el intentar apoyar que la sociedad civil y en particular el mundo empresarial, se acerque a los países candidatos son 2 caras de la misma moneda. Y creo que sería ilusorio afirmar que existe una posición política sin vinculación a lo que son a los intereses reales, económicos, sociales, culturales y políticos de la sociedad española en su conjunto. Por ello, quiero acabar hablando de algo muy concreto, algo que sirva de llamada de atención a todos ustedes y también a la administración española, a la que desde la Dirección General, que tengo el honor de dirigir, estamos intentando sensibilizar para que se den cuenta de la inminencia y de la relevancia de los cambios que se van a producir durante el presente año con motivo de la ampliación.

Ahora mismo nos encontramos, como expliqué, en un procedimiento tasado, en un procedimiento en el que tenemos ya fechas concretas. Este procedimiento viene marcado por unas etapas también claramente estipuladas. En primer lugar, una vez que los diferentes tratados de adhesión han sido acordados por los 15 y por los 10 futuros estados miembros, la Comisión deberá emitir un dictamen favorable sobre las solicitudes de adhesión de aquellos. A continuación, el texto de los tratados será enviado al Parlamento Europeo, que de acuerdo con el artículo 49 del Tratado de la Unión, deberá dar su dictamen conforme y vinculante al mencionado texto por mayoría absoluta de los miembros que lo componen. Finalmente, y esta es la tercera etapa procesal en la consecución de todos los requisitos formales para el perfeccionamiento de los acuerdos, el Consejo, por unanimidad, deberá tomar la decisión sobre la admisión de los nuevos estados miembros. Este proceso tiene un calendario que, como señalaba el informe de estrategia de la Comisión, permite pensar que el texto podría estar ultimado para el mes de febrero del 2003. Los textos que se presentan a este procedimiento, de tal manera que la Comisión pueda emitir su dictamen en dicho mes, es decir, en febrero próximo, siendo remitida a continuación al Parlamento Europeo para que formule su dictamen, de tal manera que el tratado pudiera ser firmado el 16 de abril del 2003 en Atenas. A continuación, comenzarán los trámites internos para la ratificación de los tratados en los 25 estados firmantes, los 15 miembros actuales y los 10 candidatos. Todos los futuros estados miembros, a excepción de Chipre, han anunciado la celebración del referéndum correspondiente. En cuanto a España y en lo que se refiere a tramites internos, el tratado deberá remitirse al Consejo de Estado para su informe sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales de acuerdo a lo previsto en el articulo 22 de su ley orgánica. Posteriormente, el Consejo de Ministros deberá autorizar la firma del Tratado de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la ley de Gobierno y remitir a las Cortes para su autorización mediante Ley Orgánica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución.

Una vez aprobada la ley orgánica, se podrá depositar el instrumento ratificación ante el Gobierno de la República Italiana que actuará como depositario y, por último, cuando se haya producido el deposito de todos los instrumentos de ratificación, se procederá a su publicación en el B.O.E., es decir, estamos ante un proceso que puede demorarse en función, evidentemente, de los procesos internos de ratificación, pero que desde el punto de vista institucional, desde mi punto de vista formal, está claramente definido. Los procedimientos de ratificación deberían durar no mucho más de un año y algunos estados miembros han anunciado que necesitan más de este período para llegar a tiempo, al 1 de mayo del 2004, dado su complicado procedimiento de ratificación.

En suma, yo quiero acabar diciendo que estoy convencido de que en este caso, España no tendrá ninguna dificultad en cumplir el calendario previsto, tanto en lo que se refiere a la perfección de los acuerdos frente a los restantes estados miembros, a los futuros socios, como en el proceso interno de ratificación.

Yo creo que responde a nuestro sólido interés como estado activo en la construcción europea, como socio activo tanto desde el punto de vista económico como político, que la ampliación se complete cumpliendo los plazos previstos y en las condiciones previstas. Ahora toca que la sociedad española, la clase política y la administración en su conjunto, sea capaz de la ampliación. Un gran proyecto español también, no sólo un proyecto que se vincula a una necesidad estratégica que es convertir Europa en una zona de estabilidad en el mundo, en una zona relevante a la hora de discutir los temas que interesan a los ciudadanos y de garantizar que la otra Europa, aquella que injustamente quedó postergada del proceso de integración, vuelva a su familia europea de donde nunca debió salir, como nosotros nunca debimos estar ausentes y por circunstancias históricas lo estuvimos.

Yo creo, que es un ejercicio no sólo de coherencia, sino también un ejercicio que está en nuestro núcleo duro de interés nacional y en ese sentido le ruego a todos que vean la perspectiva a la ampliación no sólo como un reto sino también como una enorme oportunidad.

Muchísimas gracias ::